Expreso Noticias

La ironía que hoy vivimos es tan cruel como dolorosa. Este lunes, mientras el mundo conmemoró el Día Internacional para la Reducción de Desastres, en Poza Rica no hablamos de reducción, sino de recuento. Se cuentan las pérdidas, los damnificados y las décadas de omisiones que hoy nos ahogan bajo el lodo. La lluvia torrencial fue el detonante, sí, pero la verdadera catástrofe se gestó en oficinas gubernamentales, en planes de desarrollo miopes y en la soberbia criminal de ignorar la lección más clara de todas: la tragedia del 6 de octubre de 1999.

Hay que decirlo con todas sus letras: esta catástrofe tiene responsables con nombre y apellido… ¡Alto! La lista es larga. Durante 26 años, desde la última gran inundación, el riesgo latente fue una «papa caliente» que administraciones de todos los colores se arrojaron unas a otras. Cada gobierno pateó el problema hacia adelante: los estudios de riesgo se archivaron, los planes de dragado del río se pospusieron, la culminación del muro de contención se convirtió en una promesa eterna. Hoy, le tocó al Gobierno Municipal 2022-2025 «quemarse» con esa papa. Y aunque su responsabilidad es ineludible por ser la autoridad en turno, señalarlo como el único culpable es un acto de cinismo. Es querer tapar el sol con un dedo; es aplicar la milenaria y conveniente técnica de Poncio Pilatos para que toda una clase política, la de ayer y la de antier, se lave las manos mientras la ciudad se ahoga.

Y esa negligencia no fue abstracta; tiene cimientos de concreto. Se puede palpar en los planes de desarrollo que siempre ignoraron los atlas de riesgo. Se materializó en cada permiso de construcción otorgado a la ligera y, peor aún, en cada recibo del predial con el que se le cobraba a una familia por vivir en una trampa mortal. Mientras la clase política se rehusaba a asumir su responsabilidad histórica, la mancha urbana creció con voracidad y sin planeación, dibujando un mapa de desigualdad ofensiva. El resultado es la geografía del desastre que hoy vemos: una estela de lodo y dolor que se extiende por toda la ribera, desde las bardas del Complejo Petroquímico hasta la última casa en la colonia La Florida.

Pero lo más indignante, lo verdaderamente imperdonable, es que nadie podrá argumentar que no estaba advertido. Los atlas de riesgo nacionales existían. Los estudios hidrológicos existían. La memoria sangrante de 1999 existía. Entonces, ¿por qué no se hizo nada? La respuesta es la frase que envenena nuestra vida pública: «eso le toca a alguien más»… pasar la papa caliente. En cada nivel de la cadena de mando —desde el gobernador hasta el director de protección civil, desde el gerente de la paraestatal hasta el director de la escuela—, la responsabilidad se evaporó. Se asumió que otro avisaría, que otro gestionaría, que «al que le caiga le nace». Hoy aprendemos a la fuerza la lección más amarga: cuando la seguridad se deja en manos anónimas de «otros», la vida de todos pende de un hilo.

El agua volverá a su cauce. El lodo se secará y los políticos seguirán compitiendo en redes por quien se ve más sucio «limpiando», vendrán con botas nuevas a prometer la reconstrucción. Pero hay algo que esta vez no puede ni debe desaparecer con la corriente: nuestra indignación. La rabia de sabernos víctimas no de un aguacero, sino de décadas de abandono. Por eso, esa indignación tiene que transformarse en una exigencia implacable. No son sugerencias, son obligaciones: auditar hasta la última coma de los planes de desarrollo que permitieron construir en el peligro; poner a los más capacitados y no a los que repartieron más volantes o echaron más porras; fincar responsabilidades por las omisiones; y crear un plan maestro para la cuenca del río que sea ley, no una promesa de campaña. Y si alguien duda de que sea posible, que mire a su alrededor. En las horas más oscuras, no fue ningún gobierno de ningún color, sino los vecinos quienes tendieron la mano, compartieron un plato de comida y se lanzaron al agua para rescatar a los suyos. Esa solidaridad nacida del desastre es nuestra mayor esperanza. Es la fuerza ciudadana que, bien organizada, puede y debe reconstruir no solo las casas caídas, sino un futuro donde Poza Rica nunca más sea la papa caliente de la administración en turno.