Tras el contundente revés sufrido en la Corte Suprema el pasado 30 de junio —donde el máximo tribunal declaró inconstitucional la Orden Ejecutiva 14160 por una mayoría de 6 votos contra 3—, la administración de Donald Trump vuelve a la carga. Esta vez, el Poder Ejecutivo ha firmado nuevos decretos dirigidos a erosionar el principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento, enfocándose en sectores específicos y en el uso de vacíos administrativos.

Lejos del intento de veto generalizado que fue rechazado por la judicatura, estas dos nuevas órdenes ejecutivas buscan acotar el alcance de la Decimocuarta Enmienda mediante la redefinición de la cláusula que exige que una persona nacida en suelo estadounidense esté «sujeta a su jurisdicción».

Las tres claves de la nueva embestida ejecutiva

El paquete de decretos se estructura en tres ejes principales de fiscalización migratoria y diplomática:

1. Restricción a personal extranjero sin inmunidad: La primera medida busca denegar la ciudadanía automática a los hijos de empleados de gobiernos extranjeros o sedes diplomáticas que no gocen de inmunidad diplomática. Hasta ahora, al estar sujetos a las leyes penales locales, estos empleados se consideraban bajo la jurisdicción del Estados Unidos; la nueva norma sostiene que su lealtad política a un Estado extranjero rompe ese vínculo.
2. Hijos de «enemigos extranjeros» o terroristas: La orden prohíbe el registro como ciudadanos a descendientes de personas catalogadas por el Ejecutivo bajo listas de organizaciones terroristas o «enemigos extranjeros».
3. Ofensiva contra el fraude y el «turismo de parto»: El segundo decreto ordena a las agencias consulares y de seguridad nacional endurecer los controles para detectar a mujeres que viajen a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz, catalogando la ocultación de este motivo como un fraude migratorio que invalidaría retroactivamente la validez de la estancia.

El debate de fondo: la lógica punitiva frente a la «hoja en blanco»

El debate que reabren estos decretos no es únicamente político, sino profundamente filosófico y legal.

Por un lado, la administración argumenta bajo la premisa de la prevención del fraude y la integridad soberana: ningún acto ilegal —como mentir en una entrevista de visado— ni una lealtad externa evidente deberían consolidar un derecho constitucional inalienable para una familia. Desde esta perspectiva sociológica, la transmisión de valores y posturas en el entorno familiar desaconseja extender el estatus de ciudadano a la descendencia de quienes el Estado considera hostiles o irregulares.

Sin embargo, el frente jurídico que ya alista impugnaciones en los tribunales federales señala un obstáculo estructural en la Constitución anglosajona: la responsabilidad legal es estrictamente individual.

Bajo la doctrina histórica del derecho estadounidense, la ciudadanía por nacimiento no es un «premio» ni un beneficio otorgado a los padres, sino un derecho originario y autónomo del recién nacido. Sancionar a un bebé negándole la ciudadanía por el fraude migratorio de sus progenitores o por la filiación ideológica de estos equivale a transferir la culpabilidad, rompiendo el pilar de que todo individuo nace frente a la ley con una «hoja en blanco». Asimismo, los constitucionalistas recuerdan que, si el Estado tiene la potestad de arrestar, juzgar y deportar a una persona, esta se encuentra incontestablemente bajo su jurisdicción penal y legal.

El futuro en los tribunales

Dado que una Orden Ejecutiva no tiene la jerarquía normativa para modificar la Constitución, se prevé que estas nuevas medidas enfrenten demandas inmediatas en las cortes federales. El segundo capítulo de la batalla por la Decimocuarta Enmienda apenas comienza.