El pasado 25 de septiembre de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Guanajuato.

Motivos de la destitución y origen del caso

Prematuridad del anuncio sin verificación completa

García Harfuch explicó que el delegado informó sobre el aseguramiento de un supuesto megadecomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo en una terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, sin haber verificado exhaustivamente la trazabilidad, documentación legal y permisos de las empresas involucradas. El funcionario detalló que el operativo ocurrió semanas antes de su difusión pública y que la información fue presentada como un «golpe histórico al huachicol fiscal» sin contar con el peritaje técnico concluyente.

Detección de inconsistencias procedimentales

El equipo central de la FGR detectó irregularidades en la integración del expediente y en los protocolos de actuación tras la intervención inicial. La investigación comenzó con la detención previa de una pipa que transportaba 33 000 litros de diésel sin acreditación inmediata de origen, lo que derivó en la orden de cateo al predio industrial.

Atracción por la FEMDO y revisión documental

Ante las anomalías, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). En la actualidad, la FGR se encuentra auditando los permisos ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las facturas presentadas por las compañías propietarias del hidrocarburo para determinar si existe un delito del orden federal o si el combustible cuenta con amparo legal.

Contexto institucional

Durante la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SSPC precisaron el marco legal del incidente:

• Autonomía operativa: Las delegaciones estatales de la FGR poseen facultades para integrar carpetas de investigación y solicitar órdenes de cateo o aprehensión ante jueces federales sin la validación previa de las áreas centrales. Esta descentralización permitió la ejecución y difusión del operativo a nivel local antes de la revisión central.
• Estatus jurídico actual: El producto asegurado no ha sido catalogado de manera definitiva como ilícito hasta que concluya el peritaje documental y la confronta de importaciones y ventas de las empresas involucradas.