Un centro de investigación de la Universidad de Berkeley envió un documento a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.

• Lo que propone el estudio: Plantea una tesis novedosa: que el uso de software de espionaje, el acoso digital y las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos podrían clasificarse como un delito de «persecución».
• Lo que NO significa: No hay un juicio, ni una orden de aprehensión, ni una investigación formal abierta. La CPI recibe miles de cartas e investigaciones al año; haber recibido este documento no implica que el tribunal haya aceptado la acusación.

¿Es la primera vez que se envía un expediente contra un expresidente mexicano?

No. La entrega de documentos a La Haya para señalar a mandatarios mexicanos es una práctica recurrente desde hace más de 15 años:

• Felipe Calderón (2011): Un grupo de abogados y activistas entregó miles de firmas y una denuncia formal ante la CPI solicitando investigar la estrategia de seguridad pública y las violaciones a derechos humanos durante su sexenio.
• Enrique Peña Nieto (2016-2018): Organizaciones internacionales (como Open Society) enviaron expedientes a la CPI documentando casos como Tlatlaya, Ayotzinapa y la violencia en Coahuila, argumentando crímenes de lesa humanidad.

Hasta la fecha, ninguna de estas peticiones contra expresidentes mexicanos ha derivado en una investigación formal por parte del tribunal internacional.

¿Por qué no se investigó a presidentes anteriores?

Existe un límite técnico de tiempo en la ley internacional:

• La CPI opera bajo un tratado llamado Estatuto de Roma.
• México ratificó este tratado a finales de 2005, y entró en vigor el 1 de enero de 2006.
• Por ley, la CPI tiene prohibido juzgar hechos ocurridos antes de que un país firme el acuerdo. Por esta razón jurídica, el tribunal no tiene jurisdicción para evaluar los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo o Vicente Fox.

La regla básica del tribunal

Cualquier ciudadano, universidad o partido político puede enviar expedientes a La Haya (lo que la ley llama «comunicaciones»). Sin embargo, la CPI solo abre un juicio cuando demuestra que el sistema de justicia del país de origen está destruido o es absolutamente incapaz de investigar los hechos por sí mismo.

En resumen: el envío del informe de Berkeley no es un hecho inédito ni un juicio en marcha, sino un estudio académico más que se suma a la lista de expedientes recibidos sobre México desde 2006.