El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, devolvió formalmente al embajador mexicano Roberto Lazzeri las cartas presentadas por México dirigidas a los directores de centros de detención del ICE.

Washington argumentó de manera contundente que México no tiene facultad para pretender dirigir o interferir en «las acciones del personal del Gobierno de EE. UU. operando en su propio territorio soberano». Con ello, la administración estadounidense rechazó cualquier supervisión u homologación de exigencias operativas sobre las instalaciones del ICE.

La réplica y estrategia del Gobierno de México

Ante esta respuesta negativa por parte de la administración estadounidense, la estrategia diplomática y legal mexicana ha escalado por diversas vías:

• Enfocado en la Convención de Viena: La Cancillería mexicana precisó que sus cartas y reclamos se enmarcan en las atribuciones de protección consular garantizadas por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, principio internacional del que ambos países son firmantes.
• Acción en cortes locales e internacionales: Al no recibir apertura formal en los centros ni por la vía diplomática tradicional, México ha procedido a entablar denuncias penales ante el Departamento de Justicia de EE. UU. y ante las fiscalías de los estados donde han ocurrido los decesos, así como elevar la queja ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
• Intensificación de la presencia consular: Se instruyó a la red consular en territorio estadounidense a pasar de visitas semanales a visitas diarias en los centros de detención de ICE para constatar el estado de salud e integridad de los connacionales detenidos.