La administración del presidente Donald Trump anunció una estrategia global para combatir el extremismo y la violencia de extrema izquierda, proponiendo catalogar sus actividades bajo los mismos marcos operativos, financieros y legales aplicados al terrorismo yihadista.
Durante un encuentro con funcionarios internacionales, miembros clave del gabinete estadounidense expusieron los tres ejes principales de la ofensiva:
- Reclasificación de la amenaza: El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que existió un «punto ciego» doctrinal respecto a la violencia política de izquierda. Afirmó que estos grupos operan mediante redes transnacionales cifradas, traslado de militantes entre Europa y América, y logística compartida.
- Fiscalización de redes financieras: El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que investigarán el uso de organizaciones sin fines de lucro y entidades exentas de impuestos sospechosas de financiar estas actividades o servir como conductos de influencia extranjera.
- Postura operativa e ideológica: El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, ratificó que el gobierno mantendrá una postura firme frente a los reclamos sobre libertades civiles planteados por estos grupos, considerando su violencia como una amenaza directa a la seguridad nacional.
La medida amplía la determinación adoptada el año pasado contra la red Antifa en Estados Unidos, buscando ahora coordinar con socios internacionales la congelación de activos, la clausura de canales de comunicación cifrados y el desmantelamiento de infraestructura operativa transfronteriza.


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