El principal argumento con el que la defensa de Nicolás Maduro busca descarrilar el juicio es el reclamo de inmunidad como jefe de Estado.

Sus abogados sostienen que, al haber ejercido la jefatura de Estado de una nación soberana al momento de los hechos, goza de inmunidad procesal bajo el derecho internacional y la jurisprudencia estadounidense.

Si el juez federal aceptara este argumento, la fiscalía no podría proceder penalmente contra él. Sin embargo, la postura del Departamento de Justicia de EE. UU. es que el ejecutivo estadounidense no lo reconocía formalmente como presidente legítimo y que las excepciones por narcoterrorismo prevalecen.

La legalidad de la captura

Nicolás Maduro fue extraído de Caracas, Venezuela mediante una operación militar directa y trasladado a Manhattan sin un proceso formal de extradición.

• Precedente judicial: La doctrina legal en Estados Unidos (doctrina Ker-Frisbie) establece que la forma en que un acusado es llevado ante el tribunal no invalida la jurisdicción de la corte para juzgarlo.
• El debate técnico: Aunque el antecedente histórico más cercano es la captura de Manuel Noriega en Panamá (1989), juristas citados por el New York Times debaten si el uso unilateral de fuerza militar para arrestar a un mandatario extranjero en funciones compromete la legitimidad del proceso o viola tratados internacionales.

Matices sobre las evidencias del tráfico de drogas

Un aspecto crítico señalado por análisis periodísticos e informes de inteligencia sobre el escrito de acusación es la magnitud real del papel de Venezuela en el narcotráfico internacional:

• La acusación formal imputa conspiración para el envío masivo de cocaína a EE. UU.
• Diversos reportajes de investigación del New York Times han matizado que, según datos del propio gobierno estadounidense sobre flujos de droga, la participación relativa de las redes venezolanas en el tráfico global es considerablemente más modesta que la de otras rutas continentales.
• La defensa intentará explotar esta brecha entre el discurso político/acusatorio de «narcoterrorismo a gran escala» y el volumen probado de operaciones atribuibles directamente al acusado.