La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto presidencial en el marco del nuevo esquema donde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno absorbió las facultades del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ejes principales del decreto

• Eliminación del criterio discrecional de reserva: Se retira la facultad de los servidores públicos para decidir arbitrariamente qué información clasificar como reservada. Se fijan lineamientos específicos donde la reserva queda estrictamente acotada a procedimientos judiciales/administrativos o razones justificadas de seguridad nacional e interés público.
• Contrataciones públicas mensuales: La publicación de contratos y convenios modificatorios del Gobierno Federal deja de ser trimestral y pasa a actualizarse con frecuencia mensual.
• Rendición de cuentas en PEMEX y CFE: Sus filiales estarán obligadas a publicar estados financieros, informes ante agencias extranjeras, esquemas de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos vigentes.
• Fiscalización y auditoría interna: Se transparentarán los Programas Anuales de Fiscalización, el estatus de las observaciones y el padrón de despachos auditores externos contratados.

Implementación y ruta legislativa

• Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): Tras ser transferida a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (encabezada por Raquel Buenrostro), la PNT incorporó herramientas para optimizar la descarga de datos abiertos. Se fijó un plazo de hasta 30 días hábiles para integrar nueva información pública en la plataforma.
• Iniciativa de Ley: El Ejecutivo enviará una iniciativa al Congreso de la Unión al inicio del periodo ordinario de sesiones (el próximo 01 de septiembre de 2026) para reformar la Ley General de Transparencia e incorporar de forma permanente estos lineamientos en el marco legal.