El objetivo de la reforma presentada en febrero de 2026 para modificar el artículo 127 constitucional, fue topar las jubilaciones y pensiones exorbitantes de exservidores públicos de confianza en empresas estatales, organismos descentralizados y banca de desarrollo (como PEMEX, CFE, Luz y Fuerza, BANOBRAS y NAFIN), donde se registraban asignaciones de entre 100 mil y más de 1 millón de pesos mensuales.
La modificación aprobada por el Congreso y publicada en abril fijaba el límite superior de las pensiones para este régimen en el 50% de la remuneración neta de la Titular del Ejecutivo Federal (aproximadamente $70,000 a $80,000 pesos mensuales).
La población objetivo fue mandos superiores y personal de confianza, excluyendo al personal operativo sindicalizado protegido por contratos colectivos.
La contradicción constitucional detectada
Al aplicar la reforma aprobada en marzo/abril de 2026, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y diversas dependencias identificaron un choque entre dos preceptos del texto constitucional:
- El criterio general del artículo 127, que permite que los servidores públicos perciban hasta el 100% de la remuneración del Presidente de la República.
- La redacción específica para jubilaciones de confianza, que las limitaba a la mitad (50%) de esa misma remuneración.
Ante las impugnaciones e inconformidades de jubilados afectados, la CJEF emitió en junio un criterio de interpretación basado en el principio pro persona (aplicar la norma más favorable). Con ello, de manera provisional se instruyó topar las pensiones al 100% del sueldo presidencial en lugar del 50%.
La nueva iniciativa de corrección
En la conferencia matutina del 4 de agosto de 2026, el Ejecutivo anunció formalmente que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso para subsanar dicha incongruencia técnica:
- Ajuste al límite: El tope formal para las pensiones de altos funcionarios de confianza en la Constitución se fijará en el 100% de la percepción de la Presidenta (alrededor de $140,000–$150,000 pesos mensuales netos), homologándolo con el techo salarial de los funcionarios en activo.
- Balance de impacto financiero: La Consejería Jurídica y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno señalan que la corrección no altera el propósito de fondo ni reactiva las pensiones millonarias. Con este ajuste al 100%, el Gobierno calcula mantener un ahorro cercano a los $5,000 millones de pesos anuales, dado que erradica las cuantías que superaban el millón de pesos al mes.
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